Piden alza al pasaje en Chiapas, pero operan fuera de la ley (En la Mira / Héctor Estrada)

La falta de determinación por parte de las autoridades para aplicar una profunda regulación al transporte público en Chiapas terminará por cobrar nuevamente la factura a miles de usuarios quienes tendrán que costear un nuevo incremento al precio del pasaje, en menos de dos años, como medida para mantener tranquilos a los viejos “pulpos” del autotransporte en la entidad.

El reajuste confirmado ya por el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, para los primeros días del próximo año, se ventila hoy como uno de los primeros descalabros cometidos por el funcionario estatal. Se trata pues de la misma estrategia de siempre, sin entrar al problema de fondo que durante años ha tenido “ahorcado” al sistema de transporte público chiapaneco.

Y es que, la gran mayoría de los concesionarios en la entidad saben perfectamente que operan violando la propia Ley de Transportes en Chiapas; que la modalidad de “negocio” en que han convertido a las concesiones o unidades transgrede a la visión jurídica que les da origen; y que con el paso del tiempo se han convertido en extorsionadores profesionales para seguir enriqueciéndose sin el mayor esfuerzo.

Ese es justo el tema que las autoridades transportistas han preferido evadir durante sexenios enteros. El Artículo 19 de la Ley de Transportes en Chiapas establece de manera muy clara que sólo podrá ser otorgada una concesión por persona (física o moral). Es decir, nadie en la entidad, podría tener más de una unidad bajo su operación directa o simulada, el sólo hecho significaría un delito grave.

La regulación determina que la vocación de dicho derecho estatal es beneficiar a los propios trabajadores del volante como una fuente de empleo completamente regulada. Así lo precisa el Artículo 22 de la misma ley cuando menciona que las concesiones sólo pueden ser otorgadas y operadas por los “legítimos trabajadores asalariados del volante que tengan una antigüedad de 15 años ininterrumpidos, respetando el orden cronológico de solicitud”.

De esta manera, cuando un concesionario no puede hacerse cargo de la prestación del servicio en los términos de la concesión otorgada, “la autoridad estatal, para garantizar su prestación, podrá iniciar el procedimiento de revocación de la misma”, “el transporte en estas unidades será prestado directamente por los permisionarios, por lo que el conductor no podrá ser persona diversa o asalariado”, detallan los artículos 35 y 38.

De manera resumida, las concesiones están dirigidas legalmente para quienes las trabajan de manera directa, no para la creación de mini o macro empresarios del transporte público. O ¿Cuántos de los choferes de las unidades que circulan en Chiapas cree usted que son los mismos dueños de las concesiones?.. Por eso es que los ingresos generados de este servicio alcanzan aún menos.

El dinero que cada unidad ingresa a diario es repartido entre el pago de combustible, mantenimiento, sueldo del chofer y la jugosa cuota innegociable para el propietario de la concesión, quien sólo espera en casa el dinero emanado de una, dos o muchas más unidades que sub-opera de forma completamente irregular. Si los ingresos de las concesiones quedaran de manera directa en las manos de quienes trabajan las unidades créame usted otro sería el contexto.

Si, en promedio, una unidad de transporte público en Tuxtla ingresa entre mil y mil 500 pesos al día; 600 pesos terminan destinados a la gasolina, 500 o 600 para la cuenta forzosa que se le entrega al concesionario y el resto para el o los choferes. Por eso no hay dinero que alcance. Por eso dicha modalidad de negocio se ha vuelto insostenible para aquellos concesionarios que sólo tienen una unidad y no la trabajan de manera directa. No así para los “pulpos” que de manera tramposa reciben las jugosas cuotas diarias por varias unidades. Haga usted sus propias cuentas.

Por eso los choferes se la viven a prisas. Hay que sacar finalmente la “ganancia del día” y no terminar solamente trabajando para los bolsillos del patrón. Por supuesto que existen concesionarios que legal y honestamente operan sus unidades, pero lamentablemente son opacados por un abrumador número de “pulpos transportistas”.

En honor a la legalidad y la justicia, la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas no puede seguir evadiendo su responsabilidad para mantener “tranquilos o en calma” a las mafias del transporte. Es indispensable un proceso de regularización que haga valer la ley y priorice los intereses del usuario sobre los del gobierno o los propios transportistas, evitando aumentos injustificados que nunca se reflejan realmente en la calidad del servicio. Es tiempo de que Aquiles Espinosa haga efectivo los establecido en la Ley de Transportes para entregar las concesiones a quienes verdaderamente las trabajan y las necesitan, de poner fin a las concentraciones simuladas de varias unidades en un solo propietario, y dejar de dar justificaciones a reajustes tarifarios que responden a caprichos de mafias y no a necesidades de verdaderos trabajadores del volante… así las cosas.

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